El artículo 106.2 de la Constitución establece la responsabilidad de la Administración Local por las lesiones sufridas por los particulares con ocasión del servicio público
Hace algunos días publicamos un breve comentario de la Sentencia 463/2016, de 06 de julio de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la se resolvía un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por mala praxis en la ejecución de tratamiento médico.
Una caída en la vía pública a consecuencia de su mal estado de conservación, una intervención médica que provoca un menoscabo físico al paciente, un procedimiento judicial injustificadamente largo… Son todos supuestos en los que el funcionamiento normal o anormal de un servicio público provoca un daño a una persona. Pues bien, ¿qué puede hacerse en estos casos?, ¿Puede exigirse a la Administración la compensación del daño infligido?
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